Prevén que vieja ley alejará inversión en sector farmacéutico – Venezuela


Texto de 1955 sobre propiedad industrial no permite patentar medicamentos

La resolución del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI) de rescatar la Ley de Propiedad Industrial de 1955 afectará a la industria farmacéutica, según afirmó Francisco Allende, asesor general de la Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme).

El pasado 12 de septiembre el ente oficial comunicó la restitución del texto legal, fijando así posición sobre la incertidumbre jurídica que surgió en ese tema desde que Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones hace dos años.

Hasta 2006 el mecanismo que se aplicó para la propiedad industrial fue la Decisión 486, derivada del bloque andino, y denominada Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, la misma se siguió implementando hasta la decisión del SAPI en días pasados.

Para Allende, la industria farmacéutica de investigación no se arriesgará a financiar proyectos ni estudios de nuevos medicamentos, ya que el antiguo texto legal no garantiza los derechos que se derivan de esos posibles inventos.

Las empresas farmacéuticas sólo financian proyectos donde hay protección jurídica para sus creaciones. Actualmente, “la investigación farmacéutica trabaja sin tener la seguridad de que esa inversión será protegida en Venezuela”, indicó Allende.

El instrumento jurídico de 1955 establece que no son patentables “las bebidas y artículos alimenticios”, “los medicamentos de toda especie”, “las preparaciones farmacéuticas medicinales” y las “preparaciones, reacciones y combinaciones químicas”.

Además, señaló que dicha legislación abre la puerta para “una especie de piratería” de las patentes extranjeras. En efecto, el artículo 10 establece que “los inventos, mejoras y modelos o dibujos industriales patentados en país extranjero podrán patentarse igualmente en Venezuela mediante el cumplimiento de las formalidades y requisitos legales”.

Caveme ha presentado ante el SAPI un promedio de 1.500 solicitudes de patentes anualmente desde 2003, pero muy pocas han sido admitidas. De allí que Allende calificó la decisión oficial como una política deliberada “contra el patentamiento” en los últimos años.

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